Tal como sucedió con las elecciones autonómicas de Catalunya, las próximas municipales tendrán como eje central la inmigración.
 
Es fácil prever que los discursos políticos ya no sólo se enfocarán en relacionar crisis económica con un supuesto exceso de inmigrantes sino que añadirán nuevos elementos como las mociones municipales que vinculan incivismo con inmigración y la más reciente encuesta sobre el tema, en la que 1.600 catalanes respondieron a cuestiones sobre racismo.
 
La respuesta del gobierno catalán a esta encuesta es un anuncio vago pero inquietante: los inmigrantes deberán certificar sus conocimientos de lengua catalana como un "requisito muy determinante" para avalar su "esfuerzo de integración" en los expedientes de arraigo, reagrupación familiar y renovación del permiso de residencia.
 
En Catalunya hay dos lenguas oficiales: el catalán y el castellano y según la Ley de Extranjería, un inmigrante debe certificar conocimientos en alguna de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma en la que reside.
 
Por lo general, se certifican conocimientos en castellano, pero según el anuncio del portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, un extranjero debe hablar catalán para regularizar su situación a través del arraigo, para reagrupar a su familia o para renovar su permiso de residencia y trabajo.
 
Esta discusión no es nueva. De hecho, algunos municipios catalanes dan más puntos en el expediente de arraigo cuando el inmigrante certifica que ha cursado o está cursando estudios de catalán.
 
Es más, cuando se aprobó la Ley de Acogida, uno de sus puntos más polémicos fue la exigencia de un nivel básico de catalán para aprobar los cursos de integración.
 
Esta Ley se encuentra recurrida ante la Corte Constitucional pues la Defensoría del Pueblo considera que se le da prioridad al catalán como lengua de inmersión en la sociedad y que en segundo plano queda el castellano. 
 
Y pese a que la discusión no es nueva, sí resulta novedoso que el anuncio llegue justo en el año en que varios municipios catalanes han solicitado al Ministerio de Trabajo e Inmigración que se les permita hacer informes vinculantes sobre los niveles de civismo e integración de los inmigrantes a la hora de solicitar arraigos y reagrupaciones familiares.
 
Los informes, como ya aclaró la secretaria de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, sí se tomarán en cuenta, pero es el Estado el que finalmente toma la decisión de conceder o no la solicitud del inmigrante, pues los criterios de las comunidades autónomas en este aspecto no priman sobre la Ley de Extranjería, cuya reglamentación apenas está en proceso de modificación.
 
Tampoco la Ley de Acogida tiene un reglamento en firme que nos permita analizar cómo y en qué circunstancias se exigirá el dominio del catalán para los informes de integración ni cómo influirán dichos informes en los expedientes de arraigo, reagrupación o renovación de permisos de residencia.
 
Pese a la falta de concreción del gobierno catalán sobre el tema, el PP ya respondió que el castellano debería tener el mismo valor a la hora de elaborar estos informes.
 
"Cuando hay dos lenguas oficiales no debe consentirse que sólo una tenga consideración de elemento de arraigo. Si es considerado el catalán elemento de arraigo de la misma manera debe considerarse al castellano", insistió el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons.
 
El debate, por lo pronto, se queda en la esfera política, pero seguramente se concretará tras la publicación del Reglamento de Extranjería y posteriormente, tras la elaboración del Reglamento de la Ley de Acogida.