Colombia tiene una democracia que avanza en seguridad para todos los ciudadanos, respetuosa de las libertades y el pluralismo, afanada por construir cohesión social, esforzada por la transparencia y respetuosa de la independencia de las diferentes instituciones que conforman el Estado. El uso de fuerza o solamente su amenaza contra esa democracia, es catalogada por el mundo entero como puro terrorismo. El terrorismo de las FARC ha traspasado las fronteras colombianas y se ha hecho evidente no sólo para ciudadanos y gobiernos de todo el mundo, sino también de órganos regionales e internacionales de Derechos Humanos que han seguido de cerca la situación colombiana. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe sobre Colombia correspondiente al año 2006, que fue presentado en marzo de 2007, señaló lo siguiente:68. Los grupos guerrilleros han persistido en la comisión de infracciones graves y sistemáticas del derecho internacional humanitario. Las conversaciones entre el Gobierno y el ELN y la perspectiva de un "intercambio humanitario" con las FARC-EP no modificaron positivamente las actitudes de esos grupos en materia de respeto por el derecho internacional humanitario. A miembros de estas dos agrupaciones se imputaron homicidios y amenazas de muerte, masacres, ataques contra la población civil, ataques indiscriminados, tomas de rehenes, actos de violencia sexual, actos de terrorismo, reclutamiento de niños y niñas, utilización de minas antipersonales, desplazamientos forzados, aislamiento de poblaciones, y ataques a la misión médica y humanitaria.75. Continuaron registrándose actos de terrorismo atribuidos a integrantes de las FARC-EP, entre ellos, los atentados con explosivos en sitios públicos de Nariño y Valle.Estas afirmaciones fueron respaldadas con casos concretos recogidos en los anexos de dicho Informe. La lista no es exhaustiva, pero sí se refiere a los más graves, sobre los que se puede leer lo siguiente:39. Durante 2006 los integrantes de los grupos armados al margen de la ley, especialmente las FARC-EP, continuaron perpetrando homicidios colectivos e individuales cuyas víctimas fueron personas que no participaban directamente en las hostilidades.50. Los miembros de los grupos al margen de la ley continuaron incumpliendo los principios humanitarios de limitación, distinción y proporcionalidad al lanzar ataques contra la población civil y ataques indiscriminados.C. Actos de terrorismo57. Durante el período que cubre el presente informe, la Oficina en Colombia registró varios actos de terrorismo atribuidos a miembros de grupos armados al margen de la ley, especialmente a las FARC-EP.E. Toma de rehenes61. La toma de rehenes continuó siendo una práctica común utilizada por los grupos armados ilegales, en especial por las FARC-EP. (...)Ante esta situación en el capitulo VII del Informe referente a las Recomendaciones, la Alta Comisionada dirige varias de ellas a los miembros de estos grupos: 116. La Alta Comisionada insta nuevamente a los miembros de los grupos armados ilegales a respetar las normas del derecho internacional humanitario que prohíben los homicidios de personas protegidas, los ataques contra la población civil, los ataques indiscriminados, la violencia sexual, el reclutamiento de niños y niñas, los actos de terrorismo, el empleo de minas y el desplazamiento forzado.117. La Alta Comisionada insta a los grupos armados ilegales a liberar de manera inmediata e incondicional a las personas tomadas como rehenes. También los exhorta a que, en cumplimiento de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública, pongan fin al cautiverio de las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto.En ese mismo sentido, en relación con la persistencia de estos grupos, especialmente la FARC, en la comisión de un delito tan atroz como el secuestro, en un comunicado de prensa del pasado 14 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca lo siguiente:(...) la Comisión reitera que la toma de rehenes y su sometimiento a condiciones inhumanas de cautiverio constituyen crímenes graves, prohibidos por las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En este sentido, la CIDH exhorta a los grupos armados que aún retienen ilegalmente a numerosos civiles en Colombia a respetar sus vidas, su seguridad y salud, y proceder a su liberación inmediata e incondicional. El Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, recordó que "el 20 de diciembre de 2007, la Unión Europea ratificó la declaratoria de terroristas a los grupos violentos de Colombia, como también han sido declarados terroristas por Canadá, por los Estados Unidos, como han sido declaradas terroristas sus actuaciones por la Organización de Estados Americanos y por la Organización de Naciones Unidas". Colombia ha enfrentado con firmeza y transparencia a todos los grupos violentos por igual y el mundo ha apoyado esa lucha democrática calificando el accionar de las FARC y el ELN simplemente como terrorismo.